Infraestructuras públicas y capital privado vuelven a casar
España debe recuperar la colaboración entre el Estado y las empresas para ejecutar infraestructuras críticas sin comprometer grandes recursos de la Administración
El contrato de obra en concesión vuelve a verse en España como fórmula atractiva para hacer viable la ejecución de infraestructuras críticas de transporte, energéticas o sanitarias sin sacrificar grandes sumas de los presupuestos. En muchos casos, la Administración puede anticipar el cobro de cánones; en todos ellos se consigue un retorno fiscal y puede diferirse el pago de las inversiones de las concesionarias y de los costes de mantenimiento a través de sistemas de pago por disponibilidad o trasladarse la carga a los usuarios mediante peajes explícitos. La demonizada colaboración público-privada, anclada en mínimos históricos desde el fiasco de las autopistas radiales de Madrid, cobra ahora protagonismo en planes de desarrollo en Cataluña, Madrid o Cantabria.