Castilla y León acaba de ponerle un precio a la energía solar: hasta 2.000 euros por hectárea que ocupe

A poco más de un mes para las generales, Castilla y León quiere que los grandes parques solares paguen por el terreno que ocupan. La Junta ha incluido en su proyecto de medidas tributarias para 2027 una ampliación del Impuesto sobre la Afección Medioambiental que afectará a las instalaciones fotovoltaicas de más de cinco hectáreas. Así lo ha adelantado El País, tras el anuncio por parte del Ejecutivo regional de su Proyecto de Ley de Medidas, Tributarias, Financieras y Administrativas, dentro de los Presupuestos de 2027, que también afectará a las redes de comunicaciones con un segundo tributo inédito.

Las críticas no se han hecho esperar y ya hay quien ve en esta modificación un regreso a «épocas más oscuras del pasado», como ha declarado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Se refiere principalmente al impuesto que puso en marcha el Gobierno nacional de Rajoy en 2015, que, como recoge Newtral, podría haber afectado al desarrollo de las energías renovables en nuestro país como medio para la descarbonización de la economía. 

¿Vuelve el impuesto al sol? Explica El País que PP y Vox quieren extender el Impuesto sobre la Afección Medioambiental, el único de este tipo en la comunidad desde que se eliminó el tributo sobre vertederos, a sus parques fotovoltaicos con más de cinco hectáreas de extensión. De aprobarse, esta nueva medida gravaría a las instalaciones de paneles fotovoltaicos entre 600 y 2.000 euros por hectárea que ocupen. 

Según el mismo medio, el texto de la normativa defiende que este tipo de parques «alteran el entorno natural, el paisaje, la flora y la fauna animal, ocupando en muchos casos suelos agrarios productivos y modificando los usos tradicionales» y hace hincapié en la posición de Castilla y León como líder en la producción de energía renovable, exportando mucho más de lo que consume. Según datos que comparte Red Eléctrica, esta comunidad es la única región de España, junto a Aragón, en la que las tres primeras tecnologías de generación de energía son renovables. En 2025, la eólica lideró la producción, con 13,2 millones de MWh, seguida de la hidráulica con 9,8 millones de MWh, y la solar con 4,8 millones de MWh.

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Polémica por el cálculo del impuesto. Desde UNEF, como recoge El Economista, se critica que el impuesto se calcule en función de la superficie y no de la energía producida, ya que castiga a aquellos proyectos en las zonas menos soleadas y a aquellas plantas que hayan llevado a cabo medidas de integración ambiental, que suelen necesitar de más extensión. 

Entre estas iniciativas se pueden encontrar la agrovoltaica, explotaciones ganaderas o instalaciones que buscan fomentar la biodiversidad local, reduciendo el impacto de las renovables en el ecosistema.

El autoconsumo industrial también entra en la ecuación. La norma también afectaría al autoconsumo industrial, actualmente exento. Lo hará sobre todo al gran autoconsumo industrial o agrícola, ya que a partir de su entrada en vigor, estas instalaciones deberán tener una potencia de generación instalada que sea al menos del 50%. De no ser así, se entenderá que la instalación tiene como propósito vender a la red la energía que produce y tendrá que someterse al mismo impuesto que los parques solares de las grandes eléctricas.

Y la éolica. Además, el proyecto también actualiza los importes de la tributación a la que está ya sometida la energía eólica, creando dos nuevas tarifas de 14.000 y 16.000 euros por unidad para los aerogeneradores más potentes, como explica El País. También suspenderá la exención fiscal del 100% que tenían estas instalaciones durante sus primeros cinco años de funcionamiento al dejar de «tener justificación» y la rebajará a dos. No obstante, las compañías eléctricas afectadas podrán compensar esta subida con proyectos de repotenciación de molinos para reducirlos en número o de repoblación de los municipios rurales que se vean afectados por sus instalaciones.

9 millones de euros de recaudación. Según indica El País, Castilla y León sería la tercera región en incorporar un impuesto a la energía solar, después de Aragón o La Rioja (también gobernadas por los populares), aunque con un gravamen muy superior al de estas. El Ejecutivo autonómico, conformado por PP y Vox y liderado por Alfonso Fernández Mañueco, defiende su propuesta alegando que se adapta a la realidad actual de la región y que pone un coste a actividades que están «generando costes sociales y medioambientales» para la ciudadanía. 

De acuerdo con el borrador, este impuesto recaudaría unos 9 millones de euros que la ley obligará a destinar a programas de gasto de carácter medioambiental y de eficiencia energética.

Un impuesto al futuro. Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por otras figuras del sector. José Donoso, director general de UNEF, ha declarado que se trata de un impuesto «absolutamente recaudatorio e injustificado», como indica El País. El Economista también recoge la postura de la patronal, que considera que una medida así podría frenar nuevas inversiones y reducir la competitividad de las empresas. 

Por último, la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, ha señalado en Bluesky que «hay quienes, al repetir los errores del pasado, oscurecen el futuro de todos. Frente a quienes aprueban un impuesto al sol, nuestra apuesta es clara: energía renovable, autóctona y asequible», como indica El Periódico de La Energía. 

Imagen | Anonim Zero

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