Hay juntas presionando a vecinos morosos negándoles la llave del ascensor. La Ley de Propiedad Horizontal tiene algo que decirles

Si formas parte del 65% de españoles que vivimos en pisos sabrás que la convivencia dentro de un mismo edificio no siempre resulta sencilla. Toca tomar decisiones conjuntas, limar diferencias y (en ocasiones) afrontar situaciones espinosas. Por ejemplo, cómo responder ante un vecino moroso. ¿Qué margen deja la ley para presionarlo y que se ponga al día con sus cuotas o derramas? ¿Podemos privarle del uso de una piscina, gimnasio o pistas de pádel comunitarias, si las hubiera? ¿Y el ascensor? ¿Puede la junta de propietarios instalar un cierre y negarle la llave al vecino moroso?

La Ley de Propiedad Horizontal es clara al respecto.

¿Hay deuda? No hay ascensor. Suena tentador. Cuando una comunidad de propietarios se encuentra con un vecino que no paga sus cuotas o derramas (y no es algo tan extraño) puede surgir la tentación de aplicarle un castigo. Por ejemplo, privarle del uso de instalaciones comunes. Al fin y al cabo… ¿Tiene derecho a disfrutar de la piscina, los jardines o un ascensor alguien que no contribuye a su mantenimiento? Llega una búsqueda rápida en Google para comprobar que es una idea que se le ha pasado por la cabeza a más de una comunidad.

La ‘Biblia’ de la convivencia. Como es habitual cuando hablamos de bloques de viviendas, las respuestas debemos buscarlas en la ‘Biblia’ de la convivencia: la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). En ella se dedica todo un artículo (el 21) a aclarar cómo debe proceder una comunidad cuando se encuentra con un vecino que acumula deudas.

“La junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones, siempre que no puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la habitabilidad de los inmuebles. Estas medidas no podrán tener en ningún caso carácter retroactivo y podrán incluirse en los estatutos. En todo caso, los créditos a favor de la comunidad devengarán intereses desde el momento en que deba efectuarse el pago correspondiente y éste no se haga efectivo”.

¿Es un artículo importante? Mucho, porque en él se desliza una advertencia fundamental: las comunidades tienen cierto margen para reclamar deudas, pero en ningún caso pueden saltarse las líneas rojas que marca la ley. Y una de ellas (esencial) es que la “privación temporal del uso de servicios e instalaciones” no puede ser “abusiva o desproporcionada”. Tampoco afectará a “la habitabilidad de los inmuebles”.

Por lo general, los expertos consideran que vetar el acceso a zonas comunes resulta “controvertido”, pero una cosa es debatir si se puede o no restringir el uso de una piscina o un gimnasio (zonas recreativas) y otra muy distinta un ascensor. La LPH le otorga de hecho tanta importancia a los elevadores que prevé que si un edificio carece de él y un anciano lo reclama, la junta de vecinos deberá instalarlo sin necesidad de acuerdo. Eso sí, deben darse una serie de requisitos legales.

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“Jurídicamente muy discutible”. Por si la LPH no fuera lo suficientemente clara, los expertos insisten en que las comunidades deben ser cautas a la hora de restringir el acceso a sus instalaciones. “Limitar el uso del ascensor solo a los propietarios que se encuentren al corriente de pago de las derramas o cuotas aprobadas resulta jurídicamente muy discutible y, en nuestra opinión, claramente impugnable ante los tribunales”, advierte Legálitas en El País.

“El ascensor forma parte de los elementos comunes del edificio y su utilización afecta directamente a las condiciones de habitabilidad y uso normal de las viviendas, por lo que la comunidad no puede privar a un propietario de su utilización como medida de presión frente a situaciones de morosidad”, recalca. No importa que la decisión tenga el aval de la junta. Que esté consensuada entre los vecinos no significa que “automáticamente” sea legal. “Cualquier propietario que se considere afectado podrá impugnar”.

¿No puede haber llaves entonces? Son cosas distintas. Como recuerdan los portales especializados Idealista y Fotocasa, no es extraño que haya comunidades de vecinos que decidan poner llaves a sus ascensores. De hecho, hay casos en los que hasta resulta comprensible. La clave es la accesibilidad del elevador y si la cerradura restringe o limita su uso a los vecinos del bloque, algo que puede resultar conflictivo.

Instalar una cerradura en el ascensor implica alterar un elemento común, con lo que de entrada la decisión de hacerlo o no deberá pasar por la junta de propietarios. Allí tendrá que lograr además un respaldo suficiente (tres quintas partes). Otro aspecto importante es para qué se instala la cerradura y, sobre todo, qué uso se hará de ella. Al fin y al cabo, la LPH aclara que no podemos dificultar el acceso de un vecino a su casa, con independencia de sus deudas.

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La clave: la seguridad. Ese es el quid del asunto. No todos los edificios son iguales. Tampoco sus ascensores. Y hay ciertos casos en los que el uso de un sistema con llaves puede ser crucial para garantizar la seguridad de los propietarios y las viviendas. Por ejemplo, si hablamos de ascensores instalados en las fachadas y que por lo tanto son accesibles desde el exterior (algo no tan infrecuente) o que comunican con zonas privadas, como garajes y trasteros.

Incluso hay elevadores que conectan con balcones o el interior de viviendas, con lo que la instalación de un cierre con llave refuerza su privacidad. Es un matiz importante. LPH establece como actuación “obligatoria” las "obras que resulten necesarias" para “satisfacer requisitos básicos”, incluida la seguridad.

Imagen | Andrew Spencer (Unsplash)

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